LA VANGUARDIA - 20 de març de 2006
Imma Mayol
Las falsas soluciones a la prostitución

Asistimos últimamente a un debate público surgido de la encomiable pretensión de la Generalitat de afrontar la regulación de la prostitución. Emergen en él las tradicionales posturas que pendulan entre el abolicionismo y la legalización. A mi entender, lo más urgente es acabar con alegalidad actual, que deja en la más absoluta desprotección y vulnerabilidad a las trabajadores sexuales. La regulación es la forma más realista de aproximarse a este fenómeno, huyendo de las posturas maximalistas que se decantan por no hacer nada ante la imposibilidad de resolverlo todo o de las que optan por la nociva doble moral que representa el prohibicionismo. Es cierto que crear un marco legal no hará desaparecer la prostitución, pero concederá a quienes la ejercen los derechos de los que hoy injustamente no gozan. Y es que éste debe ser el objetivo último de cualquier intento de regulación. Al menos, es el que a mí me preocupa.

Las garantías de convivencia en el espacio público son un bien a preservar, pero es un error convertirlas en el criterio rector de una normativa que pretende ordenar el sector de la prostitución. Plantearlo así sería empezar la casa por el tejado. Hemos de evitar centrar el debate en la disyuntiva entre prohibir la prostitución callejera o crear zonas de tolerancia. Es necesaria la existencia previa de un marco legal que salvaguarde los derechos de las trabajadoras sexuales y favorezca el ejercicio de la prostitución en espacios autogestionados que no contribuyan a engrosar las arcas de los empresarios del comercio sexual.

La regulación de la prostitución ayuda a dignificar a quienes la ejercen y las condiciones en que la practican, favorece la autonomía de las trabajadoras sexuales, y facilita a su vez la persecución de conductas delictivas, haciendo aflorar además la economía sumergida vinculada a esta actividad. El proceso debe acompañarse del diseño de soluciones para quienes desean abandonar esta práctica, y de medidas preventivas para frenar una progresiva feminización de la pobreza que alimente el número de mujeres que se ven abocadas a ejercer la prostitución.

Sólo habiendo puesto en práctica garantías o alternativas para quienes ejercen la prostitución, podremos afrontar la búsqueda de soluciones al impacto de esta actividad sobre el espacio público. Hacerlo al revés, por efectista que pueda resultar, no aborda el problema de raíz y focaliza toda la presión sobre la parte más vulnerable del colectivo. Así lo advertimos al argumentar nuestro rechazo a la ordenanza sobre la convivencia aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona.

Por otra parte, es importante distinguir nítidamente el trabajo sexual de la explotación sexual y fortalecer los mecanismos para perseguir con mayor contundencia esta última. Si es ésta una labor atribuible directamente a los cuerpos policiales y la Conselleria de Interior no creo, en cambio, que corresponda a este departamento en exclusiva el diseño de una estrategia reguladora de la prostitución, que deberá surgir de un trabajo transversal en la Generalitat y con los entes locales, los colectivos afectados y las entidades que trabajan en este ámbito, con demostrada capacidad de interlocución.

Pero es esencial asumir que cualquier intento regulador chocará con la extraordinaria limitación que supone la inexistencia de un marco legal estatal. Desde la coincidencia de criterio en la necesidad de regular este sector, las formaciones que integramos el Gobierno catalán deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a resolver este déficit para evitar que cualquier normativa que promovamos se convierta sólo en un parche o acabe por generar más problemas que los que aspira a resolver.

Imma Mayol Beltran
Vicepresidenta de ICV y tercera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona